A principios del pasado mes de septiembre tuve la suerte de poder asistir a unas jornadas donde nos dimos cita casi un millar de abogados con responsabilidades de gestión de profesionales. En estos encuentros ponemos en común nuestras inquietudes, compartimos ideas y, también intentamos analizar hacia dónde camina la profesión.
En los últimos tiempos se viene insistiendo de manera importante en los sistemas alternativos de solución de conflictos, lo que en la mayoría de los casos se resume en hablar de la famosa mediación. Ya sabemos que no es el único sistema para resolver controversias fuera del juzgado, sin embargo, se viene haciendo mucho hincapié en esta figura que, a pesar de no ser la única, es la que se está llevando todo el protagonismo.
En estas últimas jornadas, se habló más aun si cabe, de la mediación y, por lo menos a mí, al hilo de lo que se habló, se me generó una cierta inquietud. Inquietud porque los diferentes ponentes, aparte de glosar los beneficios de la mediación, beneficios que no discuto, transmitían un hartazgo con la situación de nuestros juzgados y tribunales, una especie de aviso a navegantes del tipo: “ojo que como no nos arreglemos, ya sabéis cómo se las gastan los juzgados”.
¿Por qué los abogados hemos llegado a sentir ese rechazo por los juzgados como si no fueran garantía de satisfacción? Este es un debate con muchas derivadas al que de alguna manera se nos ha llevado, también, por el abandono de los sucesivos gobiernos hacia la administración de justicia. Estos gobiernos, ahora, como solución a los problemas creados, se abrazan a la mediación como si fuera “La purga Benito”, fiando la mejora de la justicia a este método que, a mi juicio, es solamente una solución marginal a un pequeño porcentaje de pleitos.
Sin embargo, existen otros métodos que posibilitan la solución de conflictos alejados de los tribunales y que cuentan con importantes ventajas, aunque no todo son beneficios, justo es decirlo.
Me refiero al Arbitraje que es un método, llamémoslo, clásico que, de hecho, tiene un origen incluso anterior a la existencia de cualquier organización judicial. El Arbitraje, entre otras cosas, nos ofrece la posibilidad de que sean las partes las que elijan a la persona o personas que han de resolver su controversia y tienen la posibilidad de fijar las reglas por las que se va a regir el propio arbitraje, en el fondo y en la forma.
Creo que poder elegir, de mutuo acuerdo, una persona de confianza para resolver la controversia, de momento, es un buen comienzo ya que hace aumentar la confianza en el proceso y en la propia resolución que recaiga.
El procedimiento y las reglas para la resolución (existe el arbitraje de derecho y el de equidad) son flexibles y dan el suficiente margen como para que las partes no se sientan constreñidas por un estricto derecho procesal que, en ocasiones, tenemos la sensación que atenta contra el derecho material. Además de ello, el plazo para dictar el laudo es de 6 meses, con lo que, tal y como están los juzgados en la actualidad, existe una evidente ganancia de tiempo sobre la media estimada en cualquier otro procedimiento.
Además de lo anterior, el único recurso que cabe frente al laudo es la anulación ante los la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, pero por unos motivos tasados que, en la práctica, hace este tipo de recursos muy poco viables y, por ello, menos utilizados que los recursos ordinarios de la LECiv. Sobre la auténtica naturaleza tasada de este recurso se ha pronunciado el Tribunal Constitucional viniendo a confirmar su carácter extraordinario.
Esto, dependiendo de cómo lo veamos, es al mismo tiempo una ventaja y una desventaja, seguramente será una u otra en función de si nos han dado la razón o no.
Otra de las desventajas podría ser, lo pongo en condicional, que el arbitraje conlleva pagar a los letrados de las partes y, normalmente, al árbitro. Eso puede hacer que el procedimiento sea más caro, pero, en la práctica, la ausencia de recursos ordinarios hace que la tramitación completa hasta obtención de resolución firme, resulte más económica que un procedimiento en los juzgados.
En conclusión, aunque en ciertos ámbitos el arbitraje está más que asentado, lo cierto es que considero que es una herramienta infrautilizada y que, tal vez, pueda cobrar protagonismo en los próximos tiempos, si continua el abandono de la Administración de Justicia por parte del Estado.